Plan Hidrológico Nacional
El Plan Hidrológico Nacional es un
proyecto de gestión hídrica aprobado por el Congreso español en 2005,1 modificando el Plan del 2001, y sustituyendo el
trasvase del Ebro por el proyecto AGUA. El principal proyecto del Plan del 2001
era el trasvase del Ebro, un proyecto para transferir agua desde la cuenca del Ebro a Castellón, Valencia, Alicante, región de Murcia, Almería y Barcelona, que fue aprobado por el Parlamento en la legislatura 2000-2004.
El programa
A.G.U.A. del Plan actual prevé asegurar la disponibilidad de 928 hm3/año
en las 5 provincias a las que el Trasvase del Ebro les debía aportar
(teóricamente) 1.050 hm3/año, además de otros 135 nuevos hm3
para las provincias de Málaga y Gerona y de inversiones en las provincias de
Tarragona y Albacete, de estos 1.163 hm3/año, 448 hm3
procederán de inversiones realizadas en mejoras en la gestión, ahorro,
renovación de infraestructuras y reutilización, algo inexistente en el anterior
PHN, mientras que los otros 715 hm3 procederán de la desalación.
La inversión
estimada del programa AGUA en Levante es de 3.900 millones de euros de
los que se espera que 1.200 mll. sea aportados por la UE a través de los fondos
FEDER, frente al Trasvase del Ebro que preveía una inversión cercana a los
4.300 millones de euros sin posibilidad de disponer de fondos europeos.
El precio
del agua con el trasvase se estimaba en 0,31 céntimos/m3 según el
PHN, aunque esta cifra se elevó hasta los 0,52 céntimos/m3 antes de comenzar la propia obra, frente a los 0,36
céntimos/m3 del agua desalada subvencionada para usos agrícolas y
entre los 0,50 y 0,70 céntimos/m3 del agua desalada para consumos
urbanos, si bien hay que decir que los 0,31-0,52 céntimos del
Trasvase eran una estimación ponderada, mientras que la UE exige pagar por la
infraestructura que cada destinatario emplea, por lo que según la legislación
europea un castellonense hubiese pagado mucho menos, mientras que alicantinos,
murcianos y almerienses hubiesen pagado mucho más.
Ante la
imposibilidad de trasvasar aguas del Ebro y ante la necesidad de limitar o
poner fin al trasvase Tajo-Segura debido a los graves problemas
medioambientales y económicos que la meta sequía está provocando en la cabecera
del Tajo, desde 2008 se está planteando un trasvase del Tajo desde Extremadura al Este de Castilla la Mancha y la cuenca del Segura.
Los detractores del trasvase del Ebro afirmaban, por un lado, que no
existían caudales en el Ebro ni para trasvasar ni para la propia subsistencia
de los ecosistemas del Ebro, que el Ebro presenta una extrema irregularidad
hídrológica que impediría disponer
de caudales en muchos de los años, en el alto consumo energético del travase,
en la incongruencia de no tener infraestructuras en el valle del Ebro para
aprovechar el agua in situ, en los efectos del cambio climático sobre los
caudales del Ebro, en la no consideración de medidas de control, ahorro,
eficiencia y reutilización en Levante, en la falta de un control previo sobre
el urbanismo y los cultivos ilegales y las incoherencias del propio
trasvase que no aclaraba ni precio del agua, ni los consumos energéticos, ni el
coste de construir nuevos reservorios, ni que pasaría los años hidrológicamente
secos en el Ebro, ni si los años que no se pudiese trasvasar agua los
receptores del trasvase deberían de seguir pagando la infraestrutura tal y como
establece la legislación europea, ni los costes de la obra (que pasaron de
3.700 a 4.300 mll. antes de comenzar), factores que propiciaron que la UE se
opusiese tanto al proyecto como a su financiación, además tampoco se tenían en
cuenta los problemas de contaminación, salinidad e invasión de especias
foráneas en el Bajo Ebro, ni los
problemas de salinización, hundimiento y regresión del Delta del Ebro, ni los
efectos económicos que provocaría en la pesca el descenso de la llegada de
nutrientes y limos al Mediterráneo, ni el aumento de la salinidad marítima, ni
el aumento de la temperatura del Mediterráneo que repercute en más frecuentes y
viruelentas Gotas Frías en Levante o la misma merma en la llegada de sedimentos
a las playas de Levante. Por otra parte argumentaban la total disponibilidad
del agua desalada de la máxima calidad, sin afecciones medioambientales, ni
sociales y que en Alicante, Murcia y Almería se obtendría a precios más baratos
que los del agua trasvasada.
Los
defensores del trasvase del Ebro acusaron de insolidarios a los que se oponían
al trasvase del Ebro alegándose que la desalación podía no ser viable desde el
punto de vista económico ni ecológico. También consideraban elevados los costes
energéticos y las emisiones de CO2 de ésta
alternativa aunque las desaladoras estaban
contempladas en el antiguo PHN sólo de forma complementaria al trasvase. Los
detractores del trasvase se ampararon en razones económicas, ecológicas y de
desarrollo social, y recordaban el desarrollo desorbitado del urbanismo en el
Levante (urbanizaciones, campos de golf, industrias...), mientras los
territorios "donantes" no recibían ningún trato de favor o
posibilidad de desarrollo. Los partidos políticos (PSOE, PP) defendieron cosas
distintas dependiendo de la región en que se encontraban, situación que se
mantiene en el caso del PP del levante, que no ha descartado del todo la opción
de un trasvase del Ebro. Los detractores y defernsores promulgaron campañas
demagógicas y despectivas hacia los defensores del trasvase (véase campaña
"Apadrina a un murciano" o "Agua para todos"). Las campañas
mediáticas se polarizaron creando auténticos disparates, con los servicios
informativos de las cadenas de televisión contraponiendo imágenes del Ebro
desbordado a su paso por Zaragoza y las tierras secas del sur y el Levante,
obviando hechos lógicos como que el Ebro solo se desborda puntualmente o que es
imposible estancar su agua (habría que inundar ciudades o pueblos...).
Además, la
presión urbanística está contribuyendo a la degradación de los recursos hídricos
y los ecosistemas acuáticos. El objetivo de protección de
los recursos hídricos y los ecosistemas es clave, dada la importancia de las
actividades turísticas actuales y potenciales en el sureste peninsular.
Las medidas
a tomar deben examinarse con cuidado para no perjudicar a la agricultura del sureste, que es la más dinámica del país, y
evitar su destrucción y abandono puesto que ello favorece la desertización de la zona, y también hay que
tener en cuenta la enorme presión y especulación urbanística así como el
precedente de los inconvenientes y malos usos del trasvase Tajo-Segura.
La solución
del problema de escasez y degradación de los recursos hídricos en el sureste,
requiere la cooperación de los agricultores para conseguir la acción colectiva
en la protección de los recursos hídricos. Una carga excesiva sobre los
agricultores supondrá el fracaso de cualquier medida.
Es justo
también decir, que la modernización llevada a cabo en regadíos, así como la
depuración de aguas residuales hacen por ejemplo a la Región de Murcia, ser ejemplo a nivel mundial,
tan sólo comparable a las acciones desarrolladas en Israel. Cabe
destacar como ejemplo que mientras en toda la cuenca del Segura (que abastece a
2 millones de personas) se consumen 2 hm³ de agua semanales en verano, en el
resto de España esta cifra supera habitualmente los 900 (450 veces más). Otro
ejemplo es el del consumo medio, mientras que el de un murciano se cifra en 180
l/día en San Sebastián esta cifra llega a 300.
Sin embargo,
estas cantidades, aunque parezcan pequeñas, son todavía mejorables, como
muestra el consumo promedio anual en Zaragoza que
actualmente es de 100 l/día. En esto influyen factores como la pérdida de agua
por la red de canalización, que suele ser de un 30 %. También decir que
esta habitual escasez de agua determinan que mientras en la Cuenca Hidrográfica
del Segura las pérdidas por fugas en canalizaciones sólo es del 7% en la
Confederación Hidrográfica del Ebro está calculada en un 4%.
En cualquier
caso, el consumo de agua urbano e industrial supone un pequeño porcentaje del
total, ya que el 80% del agua que se consume en España se dedica a agricultura.
Por lo que las medidas y campañas de ahorro de agua en las ciudades, al final,
tienen un impacto muy limitado en el consumo total de agua.
En resumen,
se trata de un tema polémico por el simple hecho de que el agua es tratado de
forma totalmente distinta al de otros recursos, ya que es el principal medio de
desarrollo y prosperidad, además de ser esencial para vivir.
A pesar de
todo, España sigue siendo con clara diferencia, el país europeo con mayor
cantidad media de agua embalsada.
También es
el país europeo con una mayor tradición de gestión del agua (por ejemplo, Tribunal de las Aguas de Valencia en funcionamiento
durante los últimos mil años). Las ventajas que tenemos en España y que no
tienen los demás países europeos son:
- Autoridades de cuenca para la planificación y control desde hace casi 100 años.
- Gestión federal (o central) del agua en lugar de estatal o provincial.
- Los representantes de los usuarios en las subcuencas (juntas de explotación) al cargo de todas las decisiones de gestión.
El único
caso de gestión sostenible de un gran acuífero a nivel mundial se da en
Albacete, en el acuífero de Mancha Oriental. El agua, en especial para regadío
y para medioambiente, es un bien comunal con externalidades medioambientales, por
lo que las políticas no pueden basarse en los instrumentos económicos. Es
necesario conseguir la cooperación de los agentes para cuidar el recurso hasta
alcanzar la acción colectiva.
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